Los gobiernos pasan, la policía queda – (E)laboraciones sociales

Por Esteban Rodríguez Alzueta*

No hay disculpar a los policías por los delitos que cometieron. Pero las estructuras no van a juicio.

“Los gobiernos pasan y Fouché queda”. La frase pertenece a Balzac y fue acuñada para pensar la trayectoria de uno de los fundadores del espionaje político moderno y responsable de la consolidación del Ministerio de Policía de Francia. En efecto, Joseph Fouché estuvo con Robespierre y contra Robespierre, con Napoleón y contra Napoleón. Una trayectoria zigzagueante que lo llevará de la revolución a la restauración de la monarquía. Los gobiernos pasaban y Fouché seguía, aferrado a las prácticas que lo habían convertido en una de las figuras más importantes de su escena. La misma conclusión sacará Trotsky en Mi vida a la hora de pensar las nuevas tareas para la vieja policía del Zar para contener el fervor revolucionario. Cuando las masas se empeñaban en saquear y destruir los tesoros del Zar, la policía –que era la misma policía zarista— era convocada por la esposa de Trotsky para custodiar el patrimonio histórico, que ya no pertenecía a los zares sino a toda Rusia. Dice Trotsky con mucha ironía: “Los gobiernos pasan y la policía permanece”.

La fórmula puede ser utilizada para pensar las rutinas de las policías argentinas. Pasan los gobiernos y sigue la misma maldita policía. Desde la conclusión de la dictadura se han sucedido gobiernos de distinto signo, más o menos progresistas o reaccionarios, pero la policía permaneció, no digo intacta, pero aferrada a prácticas violentas. Violencias físicas y morales, puesto que las detenciones no se realizan con buenos modales sino con gritos, insultos, risas, burlas, provocaciones, imputaciones falsas, comentarios misóginos y sexistas, frases con doble sentido, toques o correctivos, paseos en patrulleros, demoras en las comisarías, paradas de libros, armados de causas, etc. Estas prácticas están enmarcadas en rituales que posicionan a los policías y les llevan a reproducir acciones que no siempre eligieron. La violencia policial es estructural, no depende de decisiones políticas ni de la pasión autoritaria de las autoridades o sus jefes. El estilo de los funcionarios cambia, incluso pueden ser democráticos y respetuosos de la ley, pero la violencia continúa siendo el ADN de la agencia. De allí que el punto de partida para pensar la policía no puede ser solamente la voluntad de turno, sino las prácticas regulares que la componen. La policía está en la sociedad a través de determinadas prácticas, pero también participando de un imaginario social común. Prácticas cotidianas enmarcadas en una estructura que abreva en el sentido común sedimentado en la comunidad. Esa perspectiva policialista continúa postulando a la seguridad como una cuestión policial que implica resignar porciones importantes de nuestra libertad.

En lo que va de la cuarentena hemos visto y leído en la prensa y las redes sociales escenas de violencia de distinto calibre protagonizadas por vecinos y miembros de las fuerzas de seguridad. No se trata de prácticas novedosas sino de tendencias de larga data. El policiamiento en el marco del ASPO se lleva a cabo con las policías que tenemos. No voy a hacer referencia a las prácticas de vigilancia y delación vecinal sino a la violencia policial, uno de los repertorios de acción de rigor de las policías. Repasamos algunos casos mediáticos que tuvieron lugar en distintas provincias y ciudades del país. La lista es apenas la punta del iceberg de la violencia policial. Debajo de la línea de flote se esconden además los casos de hostigamiento que en su gran mayoría no suelen ser denunciados por las víctimas:

Chaco: Miembros de una familia de la comunidad qom fueron levantados de su casa y torturados en la Comisaría. A las dos mujeres, menores de edad, las abusaron sexualmente, y a los dos varones los rociaron con alcohol y amenazaron con prenderles fuego.
Tucumán: El 12 de abril la policía aprehendió a punta de pistola a una persona que, una vez reducida, sería golpeada por varios agentes. En otro caso, en el barrio Villa Alem de Tucumán, un adulto mayor fue detenido por la policía mientras entregaba medicamentos a una vecina. En el video viralizado se captó a agentes encapuchados que usan excesiva fuerza física en una situación que no implicaba riesgo para su vida o integridad física. Pero el hecho de mayor gravedad fue la desaparición de Luis Armando Espinoza, ocurrida el pasado 15 de mayo la localidad de El Melcho, en el sur tucumano. Luis salió de su casa de la localidad de Rodeo Grande (departamento Simoca), para ir a Melcho, 70 kilómetros al sur de la capital tucumana, a realizar un trámite junto a su hermano. Cuando volvían, se cruzaron con gente que escapaba de un procedimiento policial en una carrera de caballos no autorizada. Los policías los bajaron de sus caballos y comenzaron a golpear a Juan. Luis intervino para impedir que siguieran golpeando a su hermano quien, por los golpes recibidos, se desmayó poco después de haber escuchado un disparo y un grito. Cuando se despertó, ya no vio a su hermano y él estaba esposado. Así lo tuvieron la siguiente hora y media. El cuerpo de Luis apareció en la provincia de Catamarca y el peritaje determinó que fue asesinado de un disparo por el oficial José Morales.
Jujuy: Al igual que en otras provincias los primeros días del aislamiento se caracterizaron por detenciones masivas. Se destaca un operativo en el Parque San Martín de San Salvador el 20 de marzo, contra un grupo de jóvenes a quienes la policía detuvo violentamente, sin mediar palabras, usando balas de goma. El 30 de marzo en esa misma ciudad una pareja que se dirigía a comprar alimentos en una moto en una zona aledaña a su hogar fue interceptada por el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales de Jujuy, detenida y golpeada. Uno de los jóvenes terminó con una fractura en su pie y un corte en la cabeza. El 15 de abril en la capital de la Provincia la policía atacó a una joven trans de 19 años, que fue sometida a violencia física, sexual e institucional.
Salta: El 2 de mayo, Julio Padilla fue detenido en la puerta de su casa por efectivos del Sistema de Emergencia 911 de la Policía, acusado de violar la cuarentena. A medida que el diálogo se demoraba aumentaban las burlas y los insultos. Hasta que en un momento le torcieron el brazo para esposarlo y subirlo a la camioneta. Todo eso sucedió delante de sus tres hijos de 10, 6 y 3 años. En el traslado a la Comisaría fue golpeado, le patearon el cuerpo y se pararon arriba de sus tobillos y la cabeza. Lo alojaron ensangrentado en un calabozo sin dejarle limpiar la cara. Los policías le sacaban fotos con sus celulares hasta que llegó el médico de la policía que lo miró por arriba y no constató las lesiones que luego certificarían los médicos del hospital donde fue a atenderse.
Misiones: El 18 de abril, Gustavo Quevedo, un joven 19 años que trabaja de changarín y vive en Colonia Itatí de Comandante Andresito, regresaba en moto a su chacra acompañado por un amigo, Daniel Antúnez, después de comprar carne para su familia en un negocio de cercanía. Fueron detenidos por un grupo de integrantes de la División Infantería de la policía. Luego de ser verdugueados fueron obligados a hacer flexiones mientras les pegaban latigazos en la espalda. Integrantes de la comunidad Mbya Guaraní de Perutí, ubicada en El Alcázar, denunciaron que la policía golpeó a mujeres, niños y jóvenes.
Santiago del Estero: El 25 de marzo un vecino del barrio Bosco ll que estaba entregando elementos de higiene a una vecina fue detenido y acusado de violar la cuarentena y trasladado hasta la seccional 5° de Policía. Los policías negaron a sus familiares y al fiscal de turno que él estuviera en esa dependencia y se negaron a tomar la denuncia por desaparición. Fue liberado a las 23.30 con evidentes signos de tortura. Un médico forense certificó las lesiones que el médico de Sanidad Policial no registró. El 28 de marzo un matrimonio responsable de un merendero ubicado en el barrio Huaico Hondo, fue detenido en el barrio Siglo XX a pesar de contar con permiso para circular cuando iban a retirar mercadería. Fue trasladado a la seccional 51 y se le secuestró la moto que estaba utilizando para trasladar la mercadería. Recibió maltrato verbal y psíquico. Los policías dijeron que no les importaban los permisos y el merendero, que ellos cumplían las órdenes del gobierno. Después de varias horas lo liberaron, en la calle a 9 kilómetros de su casa. El 29 de marzo a las 18, un vecino del barrio Bosco ll coloca su moto en el portón de su casa para lavarla mientras su esposa prepara el mate. En ese momento se detienen tres móviles policiales y los agentes le preguntan varias veces de dónde es, a lo que responde que ese era su domicilio. Igual se lo llevan detenido y le secuestran su moto y la de un pariente del interior de la casa sin permitirle mostrar la documentación que confirma sus dichos. Permanecieron diez horas en la seccional 2° y no les devolvieron ninguna de las motos hasta que pagaron sendas multas.
Córdoba: Un joven de 16 años que iba a comprar alimentos en el barrio es interceptado por personal policial. Ante la amenaza de detención, se resguarda en su hogar y el personal policial ingresa, le apuntan con las armas y golpean a los padres. En Bell Ville un agente disparó por la espalda a un adolescente que huía tras ser detenido por violar la cuarentena.
San Luís: A principios de abril Florencia Morales, de 39 años, apareció muerta en la Comisaría 25 de Santa Rosa de Conlara. Había sido detenida por violar la cuarentena y trasladada hasta esa Comisaría por “resistencia a la autoridad”. Según la versión policial se habría suicidado por ahorcamiento, pero el informe de la autopsia detalla no sólo que la muerte se produjo por “asfixia mecánica” sino que en el cuerpo había “signos compatibles con autodefensa”. La joven había salido a comprar comida en su bicicleta. A fines de ese mismo mes, Franco Gastón Maranguello, de 16 años, es detenido por la policía puntana en la puerta de su casa mientras los vecinos y su hermana les decían a los agentes que Franco era un menor vulnerable con un intento de suicidio hacia 5 meses. Apareció muerto en una celda de la Comisaria de Atención de la Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes. Según el abogado no resulta plausible que un joven de 1,80 metros y 75 kilogramos de peso se haya colgado de las barretas del calabozo.
La Pampa: La docente María Belén Alonso, junto a otras personas fueron detenidas y trasladadas a la Comisaría Seccional Sexta de Santa Rosa. Las mujeres fueron dispuestas en un espacio mínimo donde era imposible respetar el distanciamiento social, y se les exigió levantar las remeras, desprenderse los corpiños, para finalmente hacerles bajar los pantalones y las bombacha hasta las rodillas. Este caso se suma al de Sebastián Britos, un joven baleado en General Pico cuando volvía de comprar pan; y al de Francisco Vivandelli, quien fue golpeado hasta quedar inconsciente durante su detención en la alcaidía de General Acha.
Mendoza: A principios de la cuarentena, una persona que se desplazaba en auto por la capital fue parada en un control policial. La persona les cuenta a los policías que estaba llevando a su hijo a lo de la madre pero los policías le manifiestaron que no podía circular en cuarentena. El intercambio fue amable pero, según el testimonio de la víctima, al “no pedirles perdón” terminó siendo trasladado a la Comisaría e imputado por violación del artículo 205 del CP. La madre del niño tuvo que acercarse hasta el lugar del procedimiento mientras el hijo presenciaba cómo la policía detenía a su padre. A principios de junio, dos jóvenes fueron detenidos por la policía en Godoy Cruz a raíz de una denuncia formulada por vecinos que los acusaban de haberse colgado de la red eléctrica. El despliegue montado por la policía para la detención de las personas (seis patrulleros) no sólo no guardó proporción con la denuncia sino que las personas fueron trasladadas a la Comisaría 27 de esa localidad después de haber sido golpeadas. En las filmaciones se ve cómo la mujer, sin resistirse a su detención, es golpeada por las mujeres policías. Según la versión policial el traslado a la comisaría se realizó porque la joven había arrojado piedras contra el móvil (daños), hecho que se refuta con la filmación que documentó el procedimiento.
Neuquén: El 16 de abril la policía disparó contra varios jóvenes que estaban corriendo una picada en el aeródromo de Zapala. Una de las balas impactó en el casco de uno de los jóvenes que le fue secuestrado y nunca apareció. Según los peritajes balísticos fueron disparadas cinco armas. Una docente de la ciudad de Neuquén fue demorada sin motivo cuando volvía del cajero y de hacer compras. Los policías –todos varones— la esposaron, secuestraron su auto y la llevaron demorada a la comisaría donde se le inició una causa penal por violación del artículo 205 del CP, que reprime con prisión de seis meses a dos años, a aquella persona que violare las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia. En mayo trabajadores de Andacollo denunciaron a la Gendarmería Nacional por la represión de la protesta que estaban llevando a cabo en la ruta 22 a la altura de Arroyito por salarios adeudados por la empresa minera Trident Southern Explorations.
Rio Negro: Una pareja de jóvenes que iba a comprar comida fue parada en un control que realizaba la Policía Federal en Cipolletti. Los verduguearon, detuvieron y trasladaron a la Comisaría y secuestraron el vehículo. Según los testimonios que se incluyen en la denuncia por maltrato y discriminación que radicaron ante el INADI: cuando dijeron que eran pareja y estaban viviendo en concubinato “nos trataron como si fuéramos delincuentes. Nos hicieron bajar del auto, nos separaron y nos dijeron que no podíamos usar nuestros celulares. Nos preguntaron muchas veces lo mismo y nos tuvieron de pie al sol y a la vista de todos los que pasaban como si fuéramos material de exhibición”.
Chubut: En la madrugada del 29 de abril una mujer fue objeto de una requisa vejatoria, en la localidad de Ricardo Rojas. En la ciudad de Trelew, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de abril, un joven fue interceptado en la vía pública por personal policial y golpeado en el ojo. Luego volvió a ser golpeado en la Comisaría 3ra. donde lo trasladaron. Y finalmente fue amenazado para que no contara lo sucedido. También fueron golpeados y amenazados su padre y un vecino cuando se acercaron a la dependencia policial. En Comodoro Rivadavia, en la madrugada del 3 de mayo, un vehículo de la policía provincial interceptó a un auto con cuatro personas que decidió darse a la fuga hasta llegar al domicilio del conductor, que ingresó a la vivienda. Una de las personas que quedó afuera del vehículo discutió con el personal policial, en momentos que llegó otro móvil al lugar. La persona en cuestión fue esposada y trasladada a la Seccional 6ta. Durante el traslado, uno de los agentes que se encontraba en el asiento trasero golpeó a la persona con su pistola en la cabeza y al ingresar a la dependencia lo recibieron con patadas. Cuando la regresaron a su domicilio, en el trayecto, fue nuevamente amenazada para que no hiciera la denuncia. Más tarde, en el Hospital le informaron que tenía una costilla rota.
CABA: En la Villa 1-11-14 Gendarmes obligaron a dos jóvenes a caminar en cuclillas.
Conurbano Bonaerense: En Isidro Casanova un grupo de jóvenes fueron detenidos por agentes de la Policía Bonaerense y los hicieron “bailar”, hacer salto en rana, flexiones de brazos y planchas, mientras cantaban el Himno Nacional. En Florencio Varela, miembros de infantería de la Policía ingresan a un barrio disparando con postas de goma, primero al aire y después al cuerpo de varios jóvenes que estaban en el espacio público, reunidos en una esquina.
Mar del Plata: Un joven de 15 años que había ido junto a otros dos amigos hasta una plaza a buscar a un chico que vive en la calle, fue detenido y golpeado por la policía. Lo mantuvieron encerrado varias horas en un patrullero hasta que lo trasladaron a la comisaría. Recién a las siete de la mañana le permitieron comunicarse con su familia. Dos policías hicieron un simulacro de fusilamiento a dos jóvenes que interceptaron cuando caminaban por la calle. Según las declaraciones de las víctimas los efectivos los obligaron a arrodillarse y uno de ellos, incluso, gatilló varias veces en la cara. Antes de soltarlos les robaron algunas pertenencias. También la mesa de violencia institucional de los Comités de Emergencia Barriales alertaron que efectivos de la Comisaría 6ª de la ciudad suelen impedir que vecinos se acerquen en horarios nocturnos hasta los comedores en busca de viandas, situaciones que se reiteran en los barrios Malvinas Argentinas, Serena y Acantilados.
Rosario: Cerca de 80 organizaciones sociales de base manifestaron su preocupación por el hostigamiento policial a jóvenes de barrios pobres. La Defensa Pública ha recibido denuncias por detenciones ilegales a personas en situación de calle que suelen pernoctar en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus y otras zonas céntricas. Las detenciones se hacen con amenazas y golpizas. Estas y otras situaciones llevaron a la Defensa a presentar un habeas corpus preventivo, con el argumento de que “quedarse en casa” no era exigible a personas que no tienen casa. Para la Defensa se trataba de individuos en estado de necesidad que no merecían ser penalizados sino atendidos con otros dispositivos sociales. Por eso solicitó que se diera intervención al área de la Municipalidad de Rosario creada para atender especialmente estos casos. El recurso fue rechazado tanto en primera instancia como en Cámara, con el argumento de que no había detención ilegal toda vez que “las personas estaban incumpliendo el ASPO” y “la ley es igual para todos”. Hasta el momento la Defensa ha recibido un total de 15 denuncias por este tipo de hechos. En la última semana de mayo se empezaron a constatar allanamientos y desalojos sin orden judicial. En los primeros días de vigencia del ASPO se produjeron aprehensiones que excedieron el plazo previsto por la ley, llegando a las 72 horas. Estos casos llevaron también a la Defensa a presentar otro habeas corpus correctivo que también fue rechazado. Los defensores que consultamos dijeron que recabaron datos de diez a quince personas aprehendidas, que fueron trasladas a su domicilio pero que jamás fueron “blanqueadas” y a las que se le “secuestraron” objetos o se les cobraron “multas”, o “apretaron” para sacarles plata. En la mayoría de los casos las víctimas no quisieron hacer denuncia formal.

Como se habrá dado cuenta el lector, las policías argentinas casi nunca se equivocan. El carácter selectivo de la violencia (física y moral) nos está alertando sobre los criterios discriminatorios (clasistas, racistas y sexistas) que utilizan a la hora de ejercer la violencia para reproducir desigualdades sociales.

Lo dicho hasta acá no significa que tengamos que disculpar a los policías por los delitos que cometieron. Pero como dijo Hannah Arendt, “las estructuras no van a juicio”, es decir, la violencia policial muy difícilmente se va a desandar metiendo presos a esos policías. De hecho, y solo en la provincia de Buenos Aires, hay pabellones enteros en distintas unidades carcelarias repletos de ex miembros de fuerzas de seguridad y sin embargo, las policías continúan hostigando a los más jóvenes y ensayando castigos anticipados sobre aquellos colectivos de pares prejuzgados como productores de riesgo, sobre todo cuando viven en barrios pobres, son varones, morochos y visten ropa deportiva. No se trata, entonces, de sacar la manzana podrida sino de cambiar el cajón que la contiene.

Que estemos frente a una violencia estructural no significa que las declaraciones de los funcionarios sean inocentes. Lo vimos durante el macrismo: la doctrina Chocobar aportó insumos morales a la violencia policial y generó muchos malentendidos entre sus agentes. Las palabras de los funcionarios no son meramente declarativas sino performáticas: pueden hacer cosas con palabras, invitar a actuar de determinada manera, blindar sus prácticas con legitimidad política. No lo digo por la actual conducción de las fuerzas de seguridad en la Nación, que se maneja con mucho cuidado y paciencia, evitando mensajes demagógicos a sus agentes y procurando evitar meter a todos los policías en la misma bolsa, sino por las declaraciones irresponsables de muchos ministros provinciales, afectos a la verborragia pomposa, en algunos casos hecha con una jerga marcial y otras veces con un lenguaje contaminado, usando canales muy informales y poco transparentes. Declaraciones a la altura de las grandes hinchadas punitivistas, que terminan no solo diciéndole lo que muchos policías quieren escuchar, sino apostando a la corporativización que ellos mismos dicen querer combatir.

Por eso no se equivocó el Presidente Alberto Fernández cuando celebró que el gobernador de Chaco haya apartado a los efectivos violentos, pero agregó: “Debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”. No basta con judicializar la violencia policial para conjurarla si al mismo tiempo no se ponen en crisis las estructuras institucionales y sociales que crean condiciones para reproducir este tipo de prácticas. Las reformas no empiezan ni terminan en la institución policial. Porque si es cierto que detrás de la brutalidad policial está el prejuicio vecinal, eso quiere decir que se duplicaron las tareas para el funcionariado. Tan importante como encarar una nueva reforma policial es desandar ese imaginario social que activa pasiones punitivas. Hay allí, entre la violencia policial y la violencia social, un nudo gordiano que conviene no subestimar. Las reformas no dependen solamente de la capacidad de trabajo o la buena voluntad de la gestión sino de su aceptación social. De lo contrario las reformas tienen fecha de vencimiento, basta que cambien sus gestores para que las cosas retornen a sus cauces. Hay que acompañar los procesos de reforma dando una disputa hegemónica en los distintos estratos de la sociedad. Y todo eso llevará tiempo y mucha militancia social.

El carácter estructural de la violencia policial es un dato que no se les puede escapar a muchos gobernadores. La tentación de usar a la policía para controlar el territorio es algo que quedó en evidencia durante la cuarentena, donde muchos funcionarios apelaron a su despliegue masivo para hacer cumplir una medida sanitaria. Esos funcionarios juegan en el límite haciendo equilibrios muy difíciles, creyendo que pueden controlar sus efectos con el lápiz de la política.

*Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros de Temor y control; La máquina de la inseguridad y Vecinocracia: olfato social y linchamientos.

Publicado por El cohete a la luna (14 de junio de 2020)