Volver a Geopolítica del neoliberalismo
Por Daniel Chávez*
La cobertura mediática internacional y la mayoría de los análisis académicos se han centrado hasta ahora en la magnitud de la pandemia del COVID-19 en las sociedades ricas del norte, en particular en los países europeos. Las referencias a la realidad europea, sin embargo, ocultan profundas diferencias en cómo la crisis está afectando a diversos países y sectores sociales. Este artículo analiza las respuestas del sector público en el contexto europeo (con énfasis en la dimensión socio-económica) y sugiere algunas “lecciones” que podrían ser relevantes o de utilidad para América Latina y otras regiones del mundo.
Lección 1 – Proteger a la población trabajadora y vulnerable
Un principio rector de la economía de libre mercado es la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Sin embargo, en el marco de la actual pandemia, incluso los libertarios más fundamentalistas están exigiendo regulaciones del mercado más estrictas y un papel más activo para el Estado. En la mayoría de los países del mundo (con la probable excepción de Corea del Norte, y solo hasta cierto punto), la economía nacional se estructura básicamente en torno a tres componentes: consumo de los hogares, gasto público e inversión del sector privado. En tiempos “normales”, los gastos de los hogares y las inversiones privadas aseguran el crecimiento económico, pero en tiempos de crisis –más allá de su origen– incluso los defensores más fervientes de la libertad mercantil exigen que el sector público los proteja.
Esta lógica se tornó evidente durante la crisis financiera global de la década pasada: en todo el mundo, y en particular en los países ricos del norte, durante la gran recesión de los años 2007 y 2008 el Estado intervino para rescatar al sector financiero y a otros sectores que se estaban hundiendo. En algunos países, el gobierno desembolsó directamente dinero en los hogares y aumentó las inversiones públicas para compensar la reducción de las actividades del sector privado en áreas cruciales de la economía. Aun así, para muchos gobiernos la prioridad fue rescatar a los bancos. Según datos recopilados por investigadores del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el período 2007–2017 y en 37 países, el apoyo público directo a las instituciones financieras ascendió a 1.6 millones de millones de dólares (¡3.5 millones de millones si se incluyen las garantías!). ¿Pero cuántos recursos se destinaron a proteger a la población trabajadora y a los hogares de bajos ingresos?
Una diferencia crucial entre la crisis generada por la pandemia y las crisis anteriores es el hecho de que ahora los problemas no tienen una base económica. En este contexto, los subsidios temporales a las personas que siguen ocupadas, como los previstos en los planes elaborados por los gobiernos de varios países industrializados (por ejemplo en el proyecto de ley actualmente en discusión en el Senado estadounidense, que incluye transferencias financieras de hasta 1200 dólares para la mayoría de la población adulta), no serían muy efectivos. La gente no va a dejar de hacer compras debido a la falta de dinero, sino porque las medidas de distanciamiento social y cuarentena le impedirá salir, sin que la expansión del comercio electrónico compense la baja de la actividad comercial tradicional. El soporte económico a las personas que necesiten ser apoyadas sigue siendo sumamente importante, pero el apoyo monetario debe reorientarse hacia quienes estén perdiendo sus empleos y no, o al menos no principalmente, hacia quienes tienen trabajo asegurado a largo plazo.
La población trabajadora en mayor riesgo de quedar desempleada también debería recibir apoyo. Un supuesto básico de las medidas que se están aplicando para contener la pandemia es que en todos los sectores en los que trabajar desde casa sea posible, la gente va a continuar cumpliendo sus tareas y responsabilidades regulares como de costumbre. Pero la inseguridad laboral se está extendiendo tan rápido como el virus y el presentismo –resultante de presiones patronales o incentivos económicos para que las personas acudan a su trabajo incluso cuando estén enfermas– se está convirtiendo en otro problema difícil de contener. Es vital entonces que quienes estén ocupados en sectores esenciales, en los que trabajar desde casa no sea viable, no sufran contagios o propaguen el virus, con nuevas medidas que garanticen la estabilidad del empleo o del ingreso, amenazados por la pandemia. Incluso el gobierno británico, conservador y muy cercano al sector empresarial, ha decidido que el Estado va a otorgar subvenciones equivalentes hasta un monto equivalente al 80% del salario si las empresas no reducen la nómina durante la recesión provocada por la pandemia. Dichos pagos tendrán un valor máximo de 2500 libras por mes (2800 dólares), justo por encima del ingreso medio.
En Europa, el virus ha encontrado un terreno fértil para su rápida difusión en amplios sectores de la población gravemente afectados por las políticas de austeridad de los años precedentes. Las medidas puestas en marcha por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE), el FMI y los gobiernos conservadores, ha expandido el estrato social del precariado, altamente vulnerable al COVID-19 y amenazas similares. El nuevo precariado europeo incluye a millones de personas sin hogar y beneficiarios de los programas públicos o de las ONG de ayuda alimentaria. Una encuesta publicada el año pasado por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) evidenció que solo un tercio de la población alemana y una cuarta parte de la italiana y la francesa tenían dinero sobrante al final de cada mes para gastos discrecionales. Al mismo tiempo, los contratos de empleo a tiempo parcial o de “cero horas” se han expandido enormemente, socavando la economía de millones de hogares.
En palabras de una investigadora británica, “los millones de trabajadores atrapados en la pobreza tienen más probabilidades de tener trabajos inseguros, con menos derechos y beneficios laborales y con menos ahorros que les permitan cubrir costos imprevistos o brechas temporales en sus ingresos”. Por lo tanto, es crucial que los gobiernos tomen todas las medidas posibles para reducir tanto la presión financiera como el aumento de la ansiedad ante la creciente inseguridad laboral causada por la pandemia. Algunas medidas posibles para proteger a estos trabajadores serían: (a) la introducción de programas de garantía del empleo, que asegurarían recursos para cubrir las necesidades básicas en caso de desempleo o reducción del ingreso, dando cobertura a la población afectada por el cierre de fábricas como consecuencia de la caída de la producción durante la crisis sanitaria, empleados en el sector del comercio minorista, trabajadores independientes, artistas y propietarios de pequeñas empresas; y (b) reestructurar el empleo esporádico en la llamada gig economy con la introducción de nuevas medidas que obliguen a los empleadores a otorgar beneficios de licencia remunerada en caso de enfermedad y a tratar a todos los trabajadores como empleados en planilla y no como contratistas independientes.
Como otros investigadores ya lo han explicado, en el contexto de una pandemia “la economía real necesita ayudas en forma de condonación de deudas, obras públicas ecológicamente sustentables, educación superior gratuita y socialización de la atención médica”. En los últimos días, varios gobiernos europeos han tomado medidas concretas en este sentido. Entre otras, a modo de ejemplo y con referencias a unos pocos países.
- Bélgica: Más de un millón de trabajadores ya han sido colocados en desempleo temporal. Durante el primer mes, los trabajadores despedidos recibirán un anticipo de 1450 euros (1572 dólares), mientras se procesan sus expedientes. El gobierno regional de Flandes apoyará a los trabajadores en paro temporal con el pago de sus facturas de energía.
- Dinamarca: El gobierno ofrecerá ayuda financiera a trabajadores autónomos y estudiantes, así como una compensación por gastos fijos como el alquiler y un acceso más fácil a préstamos garantizados por el Estado.
- Croacia: El gobierno controlará y limitará los precios de mercado de 28 artículos de consumo familiar básico, que incluyen harina, huevos, azúcar, aceite de cocina, carne, pescado, medicamentos y productos sanitarios.
- Francia: Se suspende el pago de impuestos, cotizaciones sociales y facturas de agua, electricidad, gas y alquiler.
- Italia: Con retroactividad al 23 de febrero, una moratoria de 60 días protegerá a los trabajadores de despidos por razones objetivas, evitando que las empresas recorten la planilla con la excusa de razones económicas. También se otorgará un bono de 600 euros a quienes hayan perdido su trabajo por la pandemia y, durante un periodo de dos meses, se ampliarán de tres a quince días al mes las licencias laborales para personas con discapacidad y responsables del cuidado de familiares dependientes. Asimismo, las madres y los padres con hijos de hasta 12 años podrán solicitar una licencia parental de hasta 15 días con una compensación equivalente al 50% del salario.
- Portugal: Las madres y los padres que necesiten permanecer en casa para cuidar de los niños durante el cierre de las escuelas tendrán garantizado el pago del 66% de su salario.
- España: Las hipotecas y las facturas de electricidad y agua de personas sin un ingreso regular estarán sujetas a una moratoria. Los empleados temporalmente fuera del trabajo cobrarán el seguro de desempleo sin que se compute el tiempo de la prestación. Las y los trabajadores por cuenta propia dejarán de pagar impuestos si sus ingresos se reducen durante la pandemia. Un fondo específico de contingencia cubrirá las necesidades de personas mayores, sin techo y en residencias de mayores y dependientes. También se flexibilizarán las normas de gasto público para que los gobiernos locales puedan usar su superávit si lo invierten en programas sociales.
Por otra parte, si bien todas las ocupaciones son importantes en tiempos de crisis, en el marco particular de esta pandemia en Europa hemos revalorizado la imperiosa necesidad del servicio público. Las y los trabajadores de la salud pública –en todas las áreas: medicina, enfermería, limpieza, etcétera– literalmente están dejando su vida atendiendo a la población enferma, pero hay otros sectores –por ejemplo la policía, los bomberos, el profesorado y el magisterio– que también están trabajando en condiciones extraordinarias. Un nuevo ritual social en las ciudades europeas es el aplauso a las y los trabajadores de la salud al atardecer, pero el funcionariado público no solo necesita aplausos, sino también la reversión de los recortes presupuestarios que dificultan el trabajo en hospitales, escuelas y otros servicios esenciales.
Lección 2 – Invertir en infraestructura pública para enfrentar la próxima epidemia
La rápida difusión mundial del COVID-19 no fue una sorpresa para muchos epidemiólogos y otros especialistas en salud pública que venían advirtiendo desde hace varios años sobre los riesgos de una pandemia. Si los países europeos hubieran invertido en las capacidades físicas y sociales necesarias para enfrentar crisis de este tipo, la región habría estado mucho mejor preparada para controlar la transmisión del virus.
Algunos de los países europeos más afectados son precisamente aquellos que habían sufrido los peores recortes en el presupuesto público en el contexto de las medidas de austeridad aplicadas en la zona europea durante la serie de crisis financieras de la década pasada. La situación actual del sistema de salud italiano es un claro ejemplo de lo que un equipo de investigadores ha caracterizado como “muerte por austeridad”. Incluso los países que habían desarrollado estructuras de salud pública fuertes y muy admiradas, como el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), están siendo abrumados por el actual aluvión de enfermos. Primero en Italia, y ahora rápidamente en España y Gran Bretaña, los centros de salud están comenzando a colapsar bajo la afluencia masiva de pacientes. Después de una década de austeridad impuesta por gobiernos conservadores, el NHS tiene hoy un número de camas de hospitales, profesionales médicos y de enfermería per cápita inferior al promedio de los países industrializados y –como ya está sucediendo en Italia– los médicos intensivistas británicos están siendo forzados a tomar la dura decisión de quién vive y quién muere.
Pero la austeridad también ha afectado a los países europeos por otras vías que disminuyen aún más las capacidades de lucha contra la pandemia. En muchos países de la región, las autoridades municipales y regionales han sufrido recortes brutales de sus presupuestos que han socavado las posibilidades de respuesta de los servicios de policía, bomberos y ambulancias. Y a pesar de que los gobiernos de derecha han “secuestrado” parte del discurso y algunas propuestas y demandas de los partidos políticos progresistas y los movimientos sociales de Europa, las medidas recientes anunciadas a lo largo y ancho de la región están lejos de suplir la terrible erosión de los servicios sociales y de la infraestructura de salud pública causada por los recortes presupuestarios de la última década.
Lección 3 – Eliminar la obsesión con el déficit público, el nivel de deuda y la caída del PIB
Mucho antes de la erupción de la pandemia, varios economistas y analistas de negocios en Europa y en otras regiones del mundo habían expresado serias preocupaciones sobre la inminencia de una nueva crisis económica y financiera global, ya muy visible en las caídas de la productividad y los ingresos fiscales de varios países en meses precedentes. Pero los impactos del COVID-19 en la salud de la gente y de la economía han sido tan drásticos y abruptos que la mayoría de las predicciones a mediano plazo están pasando a ser rápidamente obsoletas. La directora del FMI ha vaticinado que la recesión mundial provocada por la pandemia será tan mala o incluso peor que la crisis financiera del año 2008.
Las medidas de distanciamiento físico, aislamiento y cuarentena adoptadas por los gobiernos europeos para contener la pandemia implican un enorme colapso de la demanda de una inmensa variedad de productos y servicios, con la excepción de una lista cada vez más reducida de suministros esenciales. Esta tendencia, en la región y en el mundo, conduce a lo que los economistas llaman un “shock de la oferta”, es decir, el cierre de fábricas o producción a capacidad reducida. Al mismo tiempo, hay un “shock de la demanda”, ya que los gastos del consumo caen en picada.
Incluso economistas muy ortodoxos y políticos conservadores están comenzando a reconocer que esta es una emergencia sin precedentes que exige respuestas coherentes y sensatas, y abandonar la obsesión habitual con el déficit público, el margen de ganancia, el nivel de deuda y el crecimiento del PIB. La crisis financiera de los años 2007 y 2008 fue terrible tanto en términos económicos como sociales, pero los efectos de la pandemia en la producción, los medios de vida y los empleos podrían ser inmensamente peores. Como dijo el jefe de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) del Reino Unido: “este no es el momento de ser puntillosos en torno a las preocupaciones habituales sobre la deuda del sector público, ya que estamos es una situación típica de épocas de guerra”. El Primer Ministro español incluso ha pedido que la Unión Europea implemente un “Plan Marshall” (como el ejecutado después de la Segunda Guerra Mundial) para combatir la propagación del virus y sus consecuencias sociales.
En el contexto de la pandemia, incluso la jerga de los economistas parece inapropiada. El término “recesión” generalmente alude a una disminución en la producción y el empleo, pero hoy la principal preocupación no debería ser la salud de “la economía” (al menos como la entienden los economistas ortodoxos) sino la salud y la vida de las personas. Esta perspectiva implica desafiar el discurso (y las acciones) de los economistas, las agencias de calificación crediticia y los funcionarios gubernamentales encaprichados con la contención de la deuda o el déficit fiscal. ¿Qué valor tiene una calificación AAA para un gobierno nacional cuando los médicos en las unidades de cuidados intensivos deben decidir quién recibe un ventilador, quién vive y quién muere?
Quizás este sea también el momento perfecto para tener una conversación seria sobre el significado real del “decrecimiento”, o más específicamente de un “decrecimiento planificado”, pensando en la posibilidad de que los gobiernos faciliten una transición que no sea perjudicial para el clima y la gente en lugar de implementar programas masivos de “estímulo” que en última instancia están dirigidos a asegurar ganancias para las grandes corporaciones transnacionales. Proponer un rol más activo del Estado no debe confundirse con reformas impositivas como las propuestas por megamillonarios como Bill Gates, ni con las recetas keynesianas tradicionales para enfrentar la recesión basadas en transferencias de dinero para alentar el consumo o grandes proyectos de infraestructura pública para “reactivar la economía”. Los intentos de revitalización de la actividad comercial en el momento actual podrían empeorar la propagación del virus, y en contextos de aislamiento físico y cuarentenas forzadas fomentar el consumo sería de dudosa eficacia para dinamizar la economía.
Lección 4 – La recuperación de la propiedad y la gestión pública es una gran idea
Los requerimientos al Estado para que intervenga de forma activa y con más fuerza son cada vez más intensos y perentorios, ya que los impactos económicos, sociales y políticos de la pandemia cada día que pasa se tornan más dramáticos, al ser ya peores que todo lo sufrido desde la última gran crisis mundial de la última década. No es sorprendente que los gobiernos europeos hayan estado dispuestos a acudir tan rápido al rescate del sector privado: en el Reino Unido, el gobierno anunció un paquete de préstamos y donaciones de 350.000 millones de libras (403.000 millones de dólares) para ayudar a las empresas británicas durante la pandemia. En Francia, la tesorería del Estado desembolsará 300.000 millones de euros (325.000 millones de dólares) a empresas privadas para evitar quiebras. Medidas similares han sido implementadas por otros gobiernos europeos. Pero al mismo tiempo, los llamados a la recuperación de lo público también se han acentuado.
A mediados de marzo, la noticia de que el gobierno español había “nacionalizado” todos los hospitales y centros de salud del país fue titular de primera página en los diarios de toda Europa. La cobertura mediática era un tanto exagerada, ya que no hubo un cambio en la propiedad y en realidad la medida se limitaba a poner a todos los proveedores de salud privados bajo control gubernamental. Aun así, la decisión española prefigura medidas más radicales que muy probablemente serán tomadas a corto plazo por otros gobiernos.
El cambio hacia un mayor control público podía esperarse del gobierno español, compuesto por una coalición de centroizquierda entre socialdemócratas (Partido Socialista, PSOE) y la nueva izquierda (Unidas Podemos, UP). Pero incluso el muy conservador gobierno británico ha anunciado su voluntad de avanzar en esa dirección. El Ministro de Transporte anunció que las aerolíneas, las empresas ferroviarias y las compañías de autobuses podrían ser nacionalizadas en el marco de la pandemia, pero también dejó en claro que el objetivo de la medida era proteger al sector privado y garantizó un retorno a la propiedad privada cuando la crisis acabe. Es pertinente recordar que muchas de estas compañías habían sido privatizadas durante el apogeo neoliberal del thatcherismo y que hoy el gobierno contaría con más apoyo popular si reclamara la propiedad pública. Asimismo, la renacionalización tendría mucho sentido desde un punto de vista puramente económico, de acuerdo con los cálculos de especialistas en este campo.
El cambio, el discurso hegemónico sobre la propiedad estatal en Europa quedó reflejado en un pasaje de una reciente nota editorial de The Guardian, uno de los más reputados diarios de Inglaterra:
Hemos pasado a vivir en un mundo diferente, que requerirá disciplina para enfrentar cuarentenas durante largos períodos de tiempo. En democracia, el confinamiento tendrá que ser en gran medida autovigilado y sin recortar los derechos civiles. La gente ha demostrado ser extraordinariamente resistente. Pero la fortaleza individual, la bondad humana y la solidaridad local no pueden reemplazar el tremendo esfuerzo nacional que será necesario. En última instancia, solo el Estado podrá garantizar la escala de acción requerida para asegurar la vida, las necesidades y la seguridad a un nivel coherente con el esfuerzo de toda la población. [Las itálicas son mías.]
Este también podría ser el momento apropiado para una verdadera nacionalización del sector financiero, más allá de las medidas temporales y limitadas implementadas durante la última crisis financiera mundial. Con sustento en una creciente masa crítica de investigación empírica sobre los beneficios de la propiedad pública, activistas de varios países europeos han propuesto la creación de bancos públicos. Una vez más, como ya sucedió en la última gran crisis financiera, los bancos privados van a pedir ser rescatados por el Estado, ya que pasarán a ser insolventes a menos que sus operaciones sean garantizadas por el gobierno. Existe una muy amplia base de datos a partir de experiencias de muy diversos lugares del mundo que demuestra que un sistema financiero diferente y de propiedad y gestión pública que disminuya el poder de las grandes corporaciones y esté al servicio de la gente y del planeta es de hecho factible.
Investigaciones recientes del Transnational Institute y entidades asociadas en distintos países del norte y del sur, muestran que, en la última década, a nivel mundial, ha habido más de 1400 casos de creación de nuevas empresas públicas o de retorno de empresas privatizadas a la propiedad estatal (nacional, regional o local). Esta tendencia se ha rastreado en 58 países. Los sindicatos y otras organizaciones populares a menudo han liderado estos procesos, movilizados no solo por mejoras de sus condiciones de trabajo, sino también ofreciendo su valiosos conocimientos prácticos y experiencia directa para la mejora de la gestión de los servicios públicos.
Lección 5 – No olvidar la emergencia climática
A medida que la pandemia se extendía por todo el mundo, una de las pocas buenas noticias ampliamente compartidas en las redes sociales ha sido el aparente impacto positivo de la crisis en los indicadores ambientales. La caída de las actividades económicas causada por las medidas para contener la expansión del COVID-19 estaría causando notables mejoras, confirmadas por imágenes satelitales de la Agencia Espacial Europea que muestran una marcada reducción de los niveles globales de dióxido de nitrógeno en la atmósfera. Según un investigador británico, “en estos momentos estamos, de forma no planificada por nadie, en un experimento global a una escala jamás vista […] que nos permite apreciar posibles transformaciones futuras si transitamos a una economía baja en carbono”. Los datos son realmente esperanzadores, pero no serán suficientes para revertir la catástrofe climática si el orden económico mundial no se transforma de forma radical una vez que pase la pandemia.
Por otro lado, todas las acciones destinadas a combatir la emergencia del clima nos ayudarán a estar mejor preparados para la próxima pandemia. Las intervenciones estatales serán esenciales para evitar un brote de un patógeno similar (o peor) al COVID-19. Las agencias públicas deben liderar la investigación en ciencias de la salud y el medio ambiente, no solo proporcionando recursos, sino asegurando que toda la investigación financiada con fondos públicos esté disponible públicamente.
La defensa del equilibrio ambiental y la preparación para la próxima pandemia deben ir de la mano. Por ejemplo, evitar la deforestación puede disminuir la pérdida de biodiversidad y disminuir el riesgo de enfermedades infecciosas. La reciente epidemia de ébola en África occidental ha sido relacionada con los murciélagos –probable vector del virus– y su nueva cercanía a poblaciones humanas, después de que su hábitat natural en el bosque desapareciera cuando se talaron los árboles para extender las plantaciones de palma y producir aceite para exportar a los mercados asiáticos y europeos.
La única opción para detener o al menos frenar el cambio climático es una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero resultante de la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). Esto implica una transformación radical del sistema energético, basada en la producción de electricidad de fuentes bajas en carbono como el viento y el sol. La generación baja en carbono también disminuiría los contaminantes del aire que causan o agravan las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes y las muertes prematuras que ponen más presión en nuestros sistemas de atención médica, como lo demostró la pandemia del COVID-19. Pero la transición energética que el mundo necesita no será ofrecida por el sector privado, ya que una vasta masa de evidencia empírica con datos de todo el mundo demuestra que el enfoque para la expansión de las energías renovables centrado en el mercado ha fallado y que la única vía factible es la opción pública. Es imprescindible revertir la creciente privatización del sistema energético, como ya está sucediendo en varios lugares de Europa.
Como sucedió durante la crisis financiera de hace una década, los gobiernos de los países ricos del norte estarán prestos a intervenir para apuntalar el mercado y proteger a sus corporaciones transnacionales. Los gobiernos europeos (y el estadounidense) ya han anunciado medidas de rescate para aerolíneas, compañías petroleras y otras corporaciones altamente contaminantes afectadas por la pandemia. Las alternativas a ese tipo de rescates son muy concretas:
Ante este tipo de situaciones, cualquier intervención del gobierno deberá orientarse hacia la urgente transición a una economía y un tipo de sociedad que no sean dependientes de los combustibles fósiles. Las empresas a ser rescatadas o subvencionadas (especialmente las compañías petroleras, las aerolíneas y los bancos que las financian) deben someterse al control público en el marco de un plan de transición climática de emergencia. Una vez bajo control público, estas empresas deberían ser liquidadas o reconvertidas en el marco de una estrategia de política industrial ambientalmente sustentable y superadora del modelo extractivista que conduce a la catástrofe climática.
Pero recuperar (o mantener) la propiedad pública no es suficiente. También es necesario democratizar el sector público. Las experiencias europeas y latinoamericanas de las empresas estatales demuestran las razones por las que el modelo pre-neoliberal de propiedad pública no debe ser idealizado, ya que muchos de estas empresas eran o son altamente jerárquicas y centralizadas, sin permitir a las y los usuarios y trabajadores espacios de participación o incidencia real en la forma de gestión y provisión de sus servicios.
Lección 6 – Confiar no solamente en el Estado: fortalecer “los comunes”
Un “efecto secundario” muy positivo y hermoso de la pandemia ha sido la proliferación de redes de solidaridad. En Europa y en todas las otras regiones afectadas, en el contexto del distanciamiento físico y las medidas de cuarentena aplicadas para controlar la pandemia, las comunidades locales han desarrollado alternativas de ayuda mutua muy creativas, a pesar de la erosión de los lazos sociales provocada por cuatro décadas de políticas neoliberales.
Las redes de solidaridad autogestionadas están creciendo rápidamente en cobertura y en escala como “estrategias de ayuda mutua horizontales y de base comunitaria que han surgido espontáneamente para cooperar”, incluyendo la organización y producción de “guías de recursos, seminarios web, canales de comunicación virtual, reuniones en línea, clubes de préstamos, y otras formas de colaboración entre pares tanto en línea como sobre el terreno”.
Estas iniciativas se enmarcan en el amplio y flexible marco conceptual de “los comunes” (the commons) y la cooperación económica y social entre pares (peer-to-peer, P2P). En esencia, estas ideas están referidas a la transición hacia un sistema que permita responder a la creatividad y las necesidades sociales en base a alternativas viables a sistemas estatales obsoletos y centralmente planificados y a economías de mercado fallidas, lo que permitiría una evolución a una sociedad más igualitaria, más justa y ambientalmente sostenible.
En particular, la urgencia de respuestas desde la ayuda mutua ante la incapacidad tanto del mercado como del Estado para hacer frente a la crisis ha movilizado a la comunidad de código abierto, uno de los colectivos sociales más dinámicos en la esfera de los comunes. El país europeo más afectado por el COVID-19, Italia, ha sufrido una escasez paralizante de equipos hospitalarios; en respuesta a la emergencia, “buenos samaritanos” técnicamente competentes han utilizado sus impresoras 3D para producir válvulas para respiradores de distribución gratuita.
Un investigador canadiense ha ofrecido un resumen altamente poético del poder de las alternativas impulsadas por los comunes:
Mientras tanto, quienes se encuentran en cuarentena y semiaislados, están descubriendo y utilizando herramientas digitales como formas de asistencia y apoyo a quienes sufren en nuestras comunidades. Lentamente estamos recuperando los poderes de la vida en común que creíamos perdidos, los que estaban escondidos a plena vista, nuestra herencia secreta. Estamos aprendiendo nuevamente a convertirnos en una especie cooperativa, desprendiendo la vieja piel claustrofóbica del homo oeconomicus. El orden capitalista de la competencia, la desconfianza y ajetreo sin fin está inerte y nuestro ingenio y compasión resurgen como los delfines que regresan a la laguna de Venecia o las aves al cielo libre de smog. […] Cuando llegue la primavera, la lucha será para preservar, mejorar, establecer nuevas redes y organizar el ingenio y la compasión para exigir que no vuelva la vieja normalidad y resistir la imposición de una nueva normalidad.
Lección 7 – Preparémonos para tiempos muy duros y muchas pérdidas de vida
Pese a que el número de casos de infección registrados (hasta ahora) en América Latina es muy inferior a la terrible cifra de contagiados y muertos en Europa, la región está en alto riesgo de sufrir enormes pérdidas sociales y económicas, incluyendo muchas vidas que se podrían salvar si los gobiernos y la sociedad reaccionan a tiempo. Pero la velocidad y la escala de las reacciones en América Latina han sido mucho más lentas y limitadas que en otras regiones del sur. En África, donde varios gobiernos no vacilaron e impusieron de inmediato restricciones severas a la circulación de personas, “la reacción contundente y oportuna no fue producto de la madurez política, sino el resultado de experiencias amargas y la conciencia de que los sistemas de salud pública ya están sobrecargados y no pueden soportar una nueva embestida”, en palabras de una periodista africana. La epidemia de ébola de 2014 todavía está fresca en la mente de quienes la padecieron en carne propia, recordándoles que la prevención, la contención y una rápida reacción gubernamental ofrecen la única esperanza de evitar miles de muertes.
Las observaciones sobre la previsible sobrecarga de los hospitales en África también son pertinentes para América Latina. En comparación con Europa –donde los hospitales ya están colapsando bajo el influjo repentino y enorme de pacientes con necesidad de cuidados críticos–, en América Latina, con sistemas de salud más débiles y otros factores significativos –mayor desnutrición y grandes aglomeraciones urbanas, que incluyen decenas de megalópolis con más de cinco millones de habitantes y deficiente suministro de agua y saneamiento–, la tasa de mortalidad podría ser mucho peor que en Europa. En muchos lugares, la indicación básica de lavarse las manos no se puede aplicar debido a la falta de agua corriente. Las precauciones que se han tomado en Europa para detener la pandemia son imposibles de seguir para miles de residentes en las favelas de Rocinha, Tabajaras y Providência de Rio de Janeiro, donde justo ahora se ha cortado el servicio de agua, por ejemplo, como lo expresa una residente de una favela carioca, reflejando preocupaciones similares en muchas otras partes de América Latina:
La cuarentena es muy selectiva. Quienes puedan permitirse el lujo de quedarse en casa estarán bien. Pero quienes sobrevivimos con un ingreso diario tendremos que salir a la calle pese a todo, porque tenemos que trabajar para ganar lo suficiente para comer. Si no hay programas federales de apoyo público dirigidos directamente a los pobres, cuando el virus llegue a las favelas las personas caerán enfermas como en un juego de dominó.
Y económicamente, la pandemia podría significar el comienzo de una recesión sin precedentes en la región. América Latina logró salir de la crisis financiera mundial menos afectada que otras regiones del mundo y durante algunos años –entre 2010 y 2015– incluso disfrutó de una bonanza alimentada por la creciente demanda de materias primas de China y otras economías en expansión. Los países latinoamericanos, ricos en recursos naturales, pudieron exhibir altas tasas de crecimiento económico y en la mayoría de ellos disminuyeron los indicadores de pobreza y desigualdad. Pero el llamado “ciclo de los commodities” terminó hace cinco años y hoy, cuando se requieren recursos para enfrentar la pandemia, las arcas estatales de muchos países están casi vacías y no existe un colchón financiero que permita ofrecer paquetes de estímulo o el pago de seguros de desempleo o beneficios sociales temporales lejanamente comparables a los que están siendo aplicados por los gobiernos europeos. La región ya presentaba un crecimiento económico estancado y un descontento político generalizado desde el año pasado, mucho antes de que golpeara la crisis.
Sin embargo, la posición más débil de los países latinoamericanos en la economía global no significa que todos estén inermes ante la pandemia. De hecho, varios países latinoamericanos aún cuentan con sistemas de salud pública relativamente robustos y estructuras cercanas a las de un “Estado de bienestar”. A primera vista, en comparación con Europa, la región en su conjunto tiene muchas menos camas de hospital por cada 1000 personas, un indicador esencial para enfrentar la pandemia: apenas 2,2 en comparación con 5,6 en los países de la Unión Europea. Pero estas cifras podría ser engañosas, ya que los países del Cono Sur (Uruguay, Argentina y Chile), en particular, presentan sistemas de salud más fuertes que varios países de Europa del Este, según datos comparables, pero aun estos países supuestamente mejor preparados (a los que se podría agregar Cuba) exhiben indicadores de gasto en salud e infraestructura hospitalaria mucho peores que los de Italia y España, dos países que a duras penas están enfrentando esta crisis sanitaria. Y al menos 10 países (Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Haití, Honduras y Guatemala) no cuentan ni con la capacidad hospitalaria ni con otras condicionantes esenciales para enfrentar la pandemia incluso a una escala muy inferior a la que está sufriendo Europa.
Pese a todas sus limitaciones, incluso países pequeños y económicamente endebles están tomando medidas de emergencia social para proteger a los trabajadores y la población vulnerable comparables a las implementadas por países europeos, o incluso más avanzadas. El gobierno de El Salvador, el país más pequeño de América Central, ha suspendido el pago de las facturas de energía eléctrica, agua, teléfono e internet durante tres meses, además de congelar el cobro de créditos hipotecarios y personales y mejorar el salario de las y los trabajadores de la salud.
Otras naciones latinoamericanas están mejor posicionadas para combatir la pandemia gracias a la resiliencia de sus empresas públicas. Países como Uruguay y Costa Rica tienen compañías estatales fuertes y muy respetadas que brindan servicios de agua, energía y telecomunicaciones de clase mundial. En Uruguay, por ejemplo, el gobierno anunció que la compañía estatal ALUR-ANCAP (responsable de la refinación de petróleo y la distribución de combustibles) aumentará la producción de alcohol en gel desinfectante para garantizar el suministro nacional y evitar prácticas especulativas durante la emergencia. También en Uruguay, los científicos del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de la República y el Instituto Pasteur han desarrollado localmente un procedimiento para identificar el COVID-19, viabilizando así la producción y distribución de sistemas de diagnóstico más baratos y más rápidos que los kits disponibles (y cada vez más escasos) en el mercado internacional. Estos ejemplos muestran la importancia del sector público como un instrumento crucial para enfrentar la pandemia.
Después de la pandemia…
Este es el momento de pensar y prepararnos para un mundo que será muy diferente una vez que finalice la pandemia del COVID-19. Como ya ha sido correctamente observado, “los think tanks (usinas de pensamiento) de la derecha y los defensores del capitalismo han entrado en pánico, temerosos de que medio siglo de cuidadoso trabajo ideológico para convencernos de la necesidad del neoliberalismo termine en la basura en las próximas semanas”. Este es el momento de discutir el significado real y la viabilidad del “socialismo”, el “ecofeminismo”, la “nacionalización”, la “(re)municipalización”, el “decrecimiento” y “los comunes”, entre otras ideas que han sido el foco de debates a menudo puramente abstractos entre quienes estamos comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y más democrática.
Las pensadoras y activistas ecofeministas ya nos habían advertido mucho antes del inicio de esta crisis que teníamos que poner mucho más énfasis en la ética y la política del cuidado, reconociendo las interdependencias sociales y ecológicas como principios rectores para la construcción de una sociedad superadora del capitalismo. La revalorización de la perspectiva ecofeminista implica reconocer que no es posible concebir el futuro de la humanidad sin considerar la relación de nuestra especie con otros seres vivos y con el planeta en su conjunto, como ha quedado en evidencia al considerar las condiciones del origen y la expansión de esta pandemia.
Décadas de privatización, tanto en Europa como en América Latina y en otras regiones del sur, han debilitado nuestros servicios públicos y hacen mucho más difícil enfrentar crisis como la pandemia actual. Ahora somos mucho más conscientes de que quienes trabajan en los hospitales, en las escuelas, en los servicios de atención a las personas mayores y discapacitadas, lo hacen bajo mucho estrés y en condiciones altamente precarias. La pandemia también nos ha demostrado cómo nuestros sistemas de energía, de producción de alimentos y de transporte, que se basan en patrones de extracción perpetua que inevitablemente derivarían en la catástrofe ambiental climática ya muy palmaria en muchas partes del mundo, necesitan ser reestructurados de manera radical. El COVID-19 ya ha producido mucho sufrimiento, pero también nos deja algunas lecciones útiles que no podemos permitirnos ignorar.
* Investigador Senior del Transnational Institute (Países Bajos)
Publicado por Clacso (abril de 2020)