El Estado asiste a nueve de cada diez hogares en medio de la pandemia
Por Laura Garcés
Se trata de un ingreso básico universal e incondicional otorgado a todas/os las/os ciudadanos, independientemente de su condición laboral y de su situación familiar.
Más allá de la pandemia, hace décadas que en el mundo no pueden sostenerse los niveles de empleo de otros momentos históricos. La tendencia es al aumento de los niveles de desempleo, fundamentalmente por los avances tecnológicos aplicados a la producción y por el avance del capitalismo financiero altamente especulativo; más allá de que esto no signifique que no puedan mejorarse los niveles de empleo actuales.
A esto se le agrega que Argentina tiene un mercado laboral con casi un 40 por ciento de informalidad, con mucha movilidad (hoy puedo tener empleo y el próximo mes o año, no) y con un alto porcentaje de jóvenes desempleados (a setiembre de 2019, casi dos de diez jóvenes estaban desempleados).
Esta realidad se agrava profundamente con la pandemia: según la OIT, 195 millones de personas pueden quedar desempleadas en todo el mundo producto de esta situación. En este complejo escenario ¿podemos seguir pensando en que la garantía de los ingresos sea sólo a través del empleo? Es decir, ¿atar la seguridad social a la seguridad laboral?
¿Qué es el Ingreso Ciudadano Universal (ICU)?
Se trata de un ingreso básico universal e incondicional otorgado a todas/os las/os ciudadanos, independientemente de su condición laboral y de su situación familiar. Se garantiza ex-ante, lo que la convierte en una medida esencialmente preventiva de la exclusión (la universalidad es en sí misma preventiva).
No constituye un techo, sino que define sólo un nivel básico, a partir del cual las personas pueden acumular cualquier otro ingreso.
Todas/os tienen derecho a recibirlo, lo que evitaría la estigmatización de los sectores que tradicionalmente reciben las transferencias y el instrumento de política pública que tendría que utilizarse para generar redistribución no es necesariamente el gasto social, sino que es fundamentalmente la política tributaria.
Trabajo
El ICU no se opone al trabajo; reconoce al trabajo en sentido amplio. Es decir, no sólo el empleo sino todo el conjunto de actividades socialmente útiles: trabajo doméstico, tareas de cuidado, trabajo voluntario, trabajo artístico, todas las expresiones dentro de la Economía Social, incluso la formación y capacitación de las personas, mediante las cuales se contribuye a la generación de la riqueza social, por ende, susceptible de ser repartida entre todas/os.
Se trata de un piso de seguridad sobre el cual fortalecer, por ejemplo, el tejido productivo local o las actividades de la Economía Social. Como se ha demostrado con el IFE, esos ingresos en muchos casos han sido utilizados como inversión para emprendimientos productivos. Significaría una palanca sobre la que se asienten estas actividades frente a la intermitencia del mercado de empleo.
Una crítica al ICU es que provocaría un “desincentivo al trabajo” y una distorsión del mercado laboral. Recordemos que se trata de un ingreso básico a partir del cual las personas seguramente tendrán una mayor preferencia relativa al empleo, o a mejorar sus ingresos a través de otro tipo de actividades socioproductivas.
Numerosos estudios sobre transferencias de ingresos, incluso los realizados sobre la AUH, indican que no hay evidencia de desincentivos al empleo. Otro ejemplo es el caso finlandés: en enero de 2017 puso en marcha una Renta Básica para desempleados y comparó con un grupo de control que no la recibía. Los resultados, recientemente publicados, afirman que en ningún momento disuadió a los perceptores en la búsqueda de un trabajo; es más, el grupo de personas que recibía una renta básica trabajó más días de media que el grupo de control, que no obtuvo el ingreso.
Por último, el ICU fortalecería el consumo interno lo que incentivaría la producción de bienes y servicios y, por lo tanto, la generación de nuevos empleos. Operaría como una política contracíclica en momentos de recesión y contracción económica.
Financiamiento
En primer lugar subsume todos los programas de transferencias de ingresos y todos los costos administrativos que conlleva cualquier tipo de selectividad, lo que implica la redistribución del gasto social.
En segundo lugar con impuestos de carácter progresivo, por ejemplo a las grandes fortunas o a las transacciones financieras, entre otros.
Otras fuentes de financiamiento pueden ser las provenientes de la explotación de recursos naturales. Es el ejemplo del Fondo Permanente de Alaska implementado desde los ‘80 que se financia con las regalías provenientes de la explotación del petróleo. El fundamento es que los recursos naturales son propiedad colectiva y muchos de ellos no son renovables.
Es un sistema integrado de transferencias fiscales, lo que el Estado otorga como transferencias y lo que recibe como impuestos. El ingreso que reciban las personas con mayor capacidad económica será recuperado a través de lo que paguen en impuestos.
Se trata de una política universal y Argentina tiene trayectoria en políticas universales, siendo pionera en América latina. Nadie discute que la educación sea libre y gratuita; puede haber personas que prefieren pagar la educación o la salud privadas, pero tienen derecho a la educación gratuita y a la salud pública. Derechos tienen todos/as, el punto es cómo transformamos la política tributaria para que con el aumento de las transferencias, las personas de ingresos altos no sean favorecidas.
Por último recordar que hoy en Argentina el Estado asiste a nueve de cada diez hogares en medio de la pandemia.
A los empleados públicos, jubilados, pensionados, titulares de la asignaciones familiares y de la AUH, se sumaron las casi 6 millones de personas que reciben el Ingreso Familiar de Emergencia y los 2,2 millones de trabajadores de cuyo salario se hizo cargo el Estado con el programa ATP.
El momento de plantear esta reforma es hoy porque la situación de emergencia lo exige y porque hay una decisión política de realizar una reforma tributaria de carácter progresivo, condición indispensable para pensar en una ingreso ciudadano universal.
* Doctora en Ciencias Sociales. Directora Maestría en Políticas Sociales de la UNSJ. Miembro de la RIPPSO (Red Interuniversitaria de Posgrados en Políticas Sociales). Miembro de REDAIC (Red Argentina de Ingreso Ciudadano).
Publicado en Página 12 (14 de junio de 2020)