Las pérdidas asociadas a la pandemia resultan inconmensurables en términos económicos, pero más aún en términos humanos, con miles de muertos en todo el planeta. De un momento a otro millones de personas debieron permanecer en sus hogares operándose una interrupción del escenario habitual con la paralización de la mayoría de las actividades. Con ciudades enteras libres de la usual congestión vehicular, la contaminación ambiental se redujo notablemente e incluso en algunas regiones pudo verse fauna salvaje paseando por zonas densamente pobladas. Asimismo, disminuyeron drásticamente las cifras de muertos y lesionados por accidentes de tránsito. En el marco de la tragedia reinante pudieron verse los beneficios que trae aparejado eliminar, o por lo menos reducir, el tránsito vehicular. Este escenario es temporal y de no arbitrarse medidas adecuadas, el impacto ambiental podría superar las previsiones esperadas antes de la pandemia: el temor al contagio más la recomendación de evitar el uso del transporte público podría intensificar el uso de automóviles y motocicletas, elevando la incidencia de enfermedades respiratorias entre las que se encuentra el COVID-19. Distintas fases de salida de la cuarentena están siendo gradualmente implementadas y la movilidad se está incrementando de manera progresiva. Así vemos que la mitigación del impacto climático no puede continuar postergándose y que las acciones de planificación y las inversiones que se lleven a cabo debieran alinearse con este objetivo.
La oferta de transporte masivo, base tradicional de la movilidad sustentable, se reducirá de manera drástica atendiendo a los protocolos de distanciamiento mientras que difícilmente prosperen estrategias otrora prometedoras, tales como los autos compartidos (car sharing). Entonces, ¿de qué manera podrán realizarse los viajes cotidianos a medida que crezcan los niveles de actividad? En numerosas ciudades del mundo y de la región se observan iniciativas que apuestan fuertemente por las modalidades activas de movilidad (bicicleta, caminata, e-bikes, monopatines) de modo tal que las mismas tienden a consolidarse como uno de los pilares futuros de la movilidad y como elementos de transformación del espacio público a una escala más humana.
Por otra parte, los modos activos operan como un complemento del transporte masivo por lo que condiciones que favorezcan la intermodalidad ampliarían la cobertura de los sistemas y la accesibilidad de los usuarios. Otro campo de aplicación de los modos activos se encuentra en la logística urbana, particularmente en las actividades relativas a la “última milla” las que se incrementaron notablemente a partir de las restricciones de atención al público impuestas sobre las actividades comerciales.
En el ámbito de la ciudad de Córdoba y las localidades que conforman el “Gran Córdoba”, la situación es particularmente compleja debido a que se suma a este cuadro general una marcada propensión al aumento de los niveles de conflictividad entre dos de los principales actores vinculados al sistema de transporte público, empresarios y sindicatos, hecho que queda en evidencia en el incremento registrado a lo largo de los últimos años del número de huelgas y asambleas que afectan al sistema, con una intensidad y duración creciente.
En este contexto tener una perspectiva en el ámbito regional de los efectos de la pandemia en el sistema de transporte, ofrece la oportunidad para proponer medidas que tiendan a la integración del sistema de transporte a escala metropolitana de la ciudad de Córdoba.
Asimismo, la inequitativa distribución de los subsidios al transporte público otorgados por el gobierno nacional perjudica directamente a los ciudadanos del interior del país y agudiza el deterioro financiero del sistema de transporte masivo que, concebido como servicio público, constituye la principal alternativa para los sectores más vulnerables de la sociedad, sin la cual verían relegado su acceso a la salud, educación y trabajo, derechos elementales de todo individuo.
De igual modo, así como el impacto de la cuarentena en la movilidad está siendo abordado por numerosos especialistas, también deberían considerarse las situaciones de inmovilidad generadas y en muchos casos profundizadas a partir de la misma. En este contexto no hay que dejar de considerar el caso de grupos poblacionales, tales como los adultos mayores, quienes están requiriendo soluciones urgentes que les permitan movilizarse de manera segura, habilitándolos a realizar actividades fundamentales para su bienestar físico y psicológico.
Nos preguntamos si a partir de estos acontecimientos surgirá algún aprendizaje. Seguramente muchas personas y organizaciones descubrieron que es posible gestionar las actividades de otra manera y que es posible que cambien “los hábitos y las preferencias de los consumidores”. A modo de ejemplo pueden citarse el teletrabajo, la educación virtual, la gestión electrónica de trámites administrativos y bancarios, la telemedicina, etc. Asimismo, la urgencia obligó a implementar formas de gestión de la demanda a partir de esquemas de turnos en ámbitos donde nunca nadie se había preocupado por la acumulación de personas. Han quedado en evidencia un gran número de “costos” asociados a formas de accionar para las cuales es posible generar alternativas. A partir de esta conciencia, acompañando políticas públicas adecuadas, es posible que una proporción acotada de usuarios u organizaciones modifiquen sus hábitos y procedimientos y que ello signifique una mejora sustancial en la movilidad, el ambiente y por ende, en la calidad de vida en las ciudades. Esta oportunidad que se presenta hoy, es casi una deuda del Estado y de la sociedad en su conjunto para con las víctimas del COVID-19.