(e)laboraciones sociales

seguridad y violencias / Colaboran: Valeria Plaza y equipo*

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Este eje reúne una serie de artículos, materiales  audiovisuales y conversatorios sobre el eje “Seguridad y Violencias” que pretenden dar cuenta de diferentes reflexiones e intervenciones en el campo en este contexto de pandemia, tanto a nivel local como en el contexto latinoamericano.

Tiene como objetivo sistematizar de manera provisoria los diferentes aportes producidos por las ciencias sociales en torno tanto a la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de las detenciones y control establecidos para garantizar el aislamiento social y obligatorio por la emergencia sanitaria vinculada al COVID 19; como a la situación de las cárceles y las lógicas de las violencias que regulan esos territorios. 

La violencia policial, tanto la de baja intensidad (hostigamiento policial) como la de alta intensidad (lesiones graves y/o muertes) no pueden analizarse de manera aislada. Requieren también de una mirada sobre lo que ocurre en los contextos  de encierro como las otras violencias territoriales que se entrelazan y cruzan con la violencia policial. 

Procuramos acercar reflexiones propias –de nuestro equipo- y de otros autores nacionales y latinoamericanos, como así también el aporte de las organizaciones sociales, a un problema preocupante y pre-existente a la pandemia, pero que adquirió nuevas modalidades en este contexto. 

En la actualidad, podemos afirmar con cierta preocupación, que por un lado, se registra una reducción en las estadísticas delictivas y por el otro, se evidencia una continuidad del hostigamiento policial tradicional, y que incluso, identificamos cierta profundización del mismo, en virtud de las mayores facultades legales de control atribuidas al personal policial, lo que posibilita una mayor posibilidad de arbitrariedad. Los lamentables casos a nivel nacional de violencias graves en contra de comunidades originarias como los Qom (Chaco), de violencia letal por las fuerzas de seguridad en varias provincias (Salta, Tucumán) y la desaparición de Facundo Castro en provincia de Buenos Aires, aparecen como exponentes preocupantes de esta problemática, sobre la que urgen reflexiones pero también acciones urgentes. 

Por otra parte, consideramos que se produjo una extensión punitiva sectorial y etaria en relación a nuevas posibilidades de interacción policial, que en conjunto con los casos que adquirieron relevancia en materia internacional (como lo fue el caso del homicidio de George Floyd por parte de policías en Estados Unidos), genera mayor visibilidad mediática y social de la problemática, lo que fortalece la necesidad antes expuesta y de articulación con los actores encargados de diseñar e implementar políticas públicas en esta área. 

*Esta clave está elaborada desde el Programa de Extensión “Seguridad y Derechos Humanos” de la FCS UNC y el equipo integrante del Proyecto de Investigación SECYT (FCS-UNC) “La política de seguridad en Córdoba: análisis de sus transformaciones como problema público desde la experiencia de distintos actores sociales, en especial los jóvenes de sectores populares en el período 2013 y 2017” estuvo integrado por: Valeria Plaza (directora), Susana Morales (co-directora), Magdalena Brocca, Natalia Danieli, Antonella Pestoni, Delia Sánchez y Agustina Zunino (investigadoras).

Conversatorio: La violencia institucional en el marco del aislamiento social y obligatorio

El conversatorio se realizó el viernes 3 de julio y arrancó a las 17.03 minutos y contó con la participación aproximada de 70 personas y duró casi dos horas. Fue un diálogo entre panelistas muy interesantes. Por la extensión de las exposiciones, hubo poco tiempo para el intercambio entre asistentes pero se planteó la posibilidad de otras instancias de este tipo a futuro.

Los asistentes en gran parte fueron de Córdoba (organizaciones que integran el consejo social y no, familiares de víctimas de gatillo fácil, académicxs y docentes y estudiantes de la facu), y de otras provincias en menor cantidad (pcia de Bs As, Jujuy, Salta y Santiago del estero).

Por un lado, se planteó la necesidad de articulación entre provincias (sobre todo en relación a la producción de datos y construcción de diagnósticos locales coordinados) y por otra parte, se enunciaron posibles líneas de trabajo entre organizaciones sociales y la facultad a futuro a nivel provincial.

En ese marco, Manuel Tufró (Director Área Justicia y Seguridad del CELS) expuso acerca de las diferencias que encontraron a nivel país de los primeros días del aislamiento y esta segunda etapa, donde aparecen casos más graves de violencia institucional, ya no necesariamente vinculadas con la pandemia y la no circulación (concretamente hizo referencia a los casos de violencia letal y heridas graves en varias provincias). En eso, planteó interrogantes en torno a cómo fue mutando el modo policial, que relación tiene eso con la cuestión carcelaria y el conflicto con la cuestión carcelaria. Finalmente hizo referencia a la cuestión de las "nuevas" interacciones policiales de sectores medios, y como eso también está relacionado con sensibilidades y/ puesta en agenda de los casos mediáticos, como EEUU  y el planteo renovado de "sentirse víctima" privado de derechos.

Por otra parte, Federico Medina, Becario Postdoctoral CONICET. Integrante del Equipo de Estudios Socio-Jurídicos en Derechos Humanos del INDES (FHCSyS/ UNSE – CONICET- Santiago del Estero) planteó las características del proyecto de relevamiento de prácticas policiales que están desarrollando en centro de CONICET entre provincias del NOA. Relataron las condiciones (y las relaciones con casos anteriores) de los casos de violencia letal en el marco de la pandemia.  Expresaron preocupación en torno a los "paseos" policiales en móviles oficiales y no, y que estas prácticas se recrudecieron con la ausencia del funcionamiento del poder judicial en pandemia.

En relación al caso Córdoba, expusieron Valeria Plaza. Coordinadora Programa Seguridad y DDHH FCS UNC; Jessica Vega- Mesa de Derechos Humanos de Córdoba; Julio Pereyra (comunicador de La Garganta) y Serena Plaza (Referenta de la Asamblea Cortaderos) de La Poderosa.

Además de presentar los antecedentes y objetivos del informe, se presentó por un lado el contexto en donde estas prácticas se desarrollan (caracterizando brevemente el período en la provincia en los últimos 10 años), y planteando cuestiones de agenda de trabajo conjunto entre organizaciones sociales y espacios académicos: construir datos unificados; fortalecer y generar mayores posibilidades de articulación con el poder judicial -encargado de controlar el poder policial- y potenciar el control popular de las fuerzas de seguridad.

Finalmente María José Castillo y Josue Diaz Cueto,  Abogadxs de HIJOS y Asociación Pensamiento Penal (Salta), presentaron los puntos claves del informe local que recientemente presentaron antes autoridades provinciales y nacionales, y los alcances de esas instancias (un habeas corpus solicitando la derogación de una resolución provincial). Plantearon la inconsistencia de la violencia y brutalidad policial en torno a la acciones y represión emprendida (por ejemplo en el caso relevado de un joven sin barbijo que es disparado de cerca con balas de goma y que ya perdió la visión total de un ojo).

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Informes producidos desde la FCS

Artículos/ Notas:

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Violencias

Reflexiones sobre el vigilantismo, el racismo y los crímenes en el contexto de pandemia

Audiovisuales producidos por organizaciones sociales

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Racismo